El partido Movimiento Ciudadano (MC) anunció que promoverá una acción de inconstitucionalidad para dar marcha atrás a la reciente reforma aprobada por el Congreso de Veracruz, la cual eleva drásticamente los requisitos para solicitar la revocación de mandato de la gobernadora Rocío Nahle García. La oposición ha calificado esta modificación constitucional como un “blindaje” a favor de la titular del Ejecutivo estatal.
La controversia surge luego de que, el pasado 7 de julio, la mayoría legislativa integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aprobara cambios a la Constitución local que endurecen las reglas para activar este mecanismo de democracia participativa.
La reforma aprobada por el Congreso veracruzano modifica sustancialmente las reglas del juego para los ciudadanos que deseen evaluar la continuidad de la gobernadora. Entre los cambios más severos se encuentran:
Aumento de firmas: El porcentaje de firmas requerido para solicitar el proceso se incrementó del 3% al 10% de la Lista Nominal de Electores. Esto significa que ahora se deberán reunir poco más de 600 mil firmas de apoyo ciudadano, en lugar de las aproximadamente 180 mil que se requerían anteriormente.
Dispersión territorial: Las firmas no podrán concentrarse en una sola región; deberán obtenerse en al menos 107 de los 212 municipios del estado.
Representación municipal: En cada uno de esos 107 municipios, se debe alcanzar el respaldo de al menos el 3% de la Lista Nominal local.
Plazo exprés: Todo el proceso de captación de firmas deberá realizarse en un plazo máximo de un mes.
El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Carbonell de la Hoz, calificó la reforma como “absurda, inconstitucional e inmoral”, argumentando que restringe de forma grave un derecho político ya consagrado en la Constitución Federal.
Carbonell informó que el equipo jurídico local ya trabaja en coordinación con la dirigencia nacional del partido naranja, encabezada por Jorge Álvarez Máynez, para presentar formalmente la impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Los derechos de los ciudadanos deben maximizarse y no restringirse, como hoy ocurre en Veracruz. Hoy se quieren robar el derecho que tienen los veracruzanos de participar y decidir quiénes deben gobernarlos. Vamos a dar marcha atrás a estos abusos”, sentenció el líder emecista, confiando en que existen precedentes en otros estados donde este tipo de bloqueos legislativos han sido revertidos por la vía judicial.
Por su parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, minimizó los señalamientos de la oposición sobre el supuesto “blindaje”. En una entrevista radiofónica ofrecida el pasado 10 de julio, la mandataria estatal aseguró que la posibilidad de someterse a una revocación de mandato no altera su agenda.
Nahle García recordó que fue electa de manera democrática para gobernar la entidad hasta el año 2030, pero reiteró que toda su trayectoria política ha estado bajo el escrutinio público y que no tendría inconveniente en someterse a la consulta si la ciudadanía veracruzana así lo decidiera.
Mientras el partido oficialista y sus aliados defienden la reforma bajo el argumento de dar mayor certeza y representatividad territorial al proceso, las fuerzas de oposición insisten en que los nuevos candados vuelven el mecanismo de revocación de mandato prácticamente inalcanzable para la ciudadanía. Se espera que la acción de inconstitucionalidad de Movimiento Ciudadano sea presentada formalmente en los próximos días.
