*.-La Auditoría Superior de la Federación reveló que Veracruz tiene pendientes de solventar 4 mil 460 millones de pesos de la Cuenta Pública 2024, las observaciones involucran a exfuncionarios del gobierno de Cuitláhuac García, 107 exalcaldes, la Fiscalía General del Estado y la Universidad Veracruzana.
XALAPA, VER.- Este martes 17 de febrero se hizo público el tercer y último informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cuenta Pública del 2024, la cual reporta que el estado de Veracruz tiene pendiente de solventar el manejo de 4 mil 460 millones de pesos.
Entre los entes que deben justificar el manejo financiero están exfuncionarios del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez (2018-2024), 107 exalcaldes de igual número de municipios, así como la Fiscalía General del Estado (FGE), en el periodo de Verónica Hernández Giadáns, y la Universidad Veracruzana (UV) a cargo de Martín Aguilar.
Según el reporte de la ASF, que dio a conocer la información en tres entregas, se realizaron un total de 357 acciones; de estas, se emitieron 207 pliegos de observaciones por presunto daño patrimonial. En el periodo de solventación se dio el reintegro de 3.6 millones de pesos.
Además, se iniciaron 134 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 7 recomendaciones al desempeño y 9 solicitudes de aclaración. Del total del monto observado, mil 937 millones de pesos corresponden al Estado y 2 mil 523 al centenar de municipios.
En las primeras dos entregas del informe de la ASF ya se había observado el presunto daño patrimonial de mil 78 millones de pesos en dependencias del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, como parte de la auditoría integral a recursos del gasto federalizado en materia de salud, área que involucra a Jorge Eduardo Sisniega Fernández, ex administrador de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER).
En la tercera entrega destacan observaciones a la Secretaría de Finanzas, a cargo de José Luis Lima Franco, encargado de dispersar los recursos públicos. El monto que deben justificar es de 710.4 millones de pesos.
La Silla Rota presenta el top cinco de los funcionarios de Cuitláhuac García con montos pendientes de solventar:
1.- Jorge Sisniega
Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) concentra las observaciones más graves de la cuenta pública del 2024, por un probable daño patrimonial de más de mil 78 millones de pesos. Si bien la dependencia estaba a cargo de Guadalupe Díaz del Castillo, el responsable del manejo financiero fue el director administrativo, Jorge Sisniega Fernández.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que la dependencia no presentó evidencia documental que acreditara la entrega de bienes o la prestación de servicios en ocho contratos estratégicos. Entre las empresas señaladas resalta Biodist, S.A. de C.V., que recibió adjudicaciones por más de 470 millones de pesos para insumos médicos y pruebas de laboratorio, así como Limpieza Especializada Industrial y Hospitalaria (LEIH), con contratos superiores a los 476 millones de pesos para el aseo de unidades médicas, cuyos servicios no pudieron ser debidamente comprobados.
A las irregularidades en contrataciones se suma un desorden administrativo sistemático en el manejo de la nómina y las obligaciones fiscales, que asciende a más de 143 millones de pesos. La ASF también determinó que SESVER retuvo impuestos y cuotas de seguridad social a su personal, como el ISR, ISSSTE y FOVISSSTE, pero no los enteró oportunamente a las instituciones federales, generando un perjuicio de 81.6 millones de pesos.
Asimismo se detectaron pagos indebidos por 20.3 millones de pesos en contratos de personal no firmados por el director administrativo y el uso de 29.2 millones de pesos del programa U013 en partidas de gasto no autorizadas, desviando recursos etiquetados originalmente para medicamentos y atención gratuita a población vulnerable.
La entidad realizó pagos por más de un millón de pesos a empleados que no contaban con título profesional ni registro ante la SEP para los puestos que ocupaban, además de liquidar 11.7 millones de pesos por percepciones de años anteriores sin justificación legal clara.
Para operar estos recursos, SESVER utilizó una estrategia financiera irregular denominada “licuadora”, al abrir 160 cuentas bancarias adicionales donde mezcló fondos federales y estatales de distintos programas, lo que impidió la trazabilidad del gasto y motivó la promoción de responsabilidades administrativas contra los funcionarios responsables, entre otras irregularidades.
2.- Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla
La ASF determinó un probable daño patrimonial por 642 millones 934 mil pesos derivados de irregularidades en contratos de adquisiciones y servicios para dotar de alimentos a trabajadores de centros penitenciarios.
Según el pliego de observaciones 2024-A-30000-19-2020-06-02 de la auditoría al manejo de Participaciones Federales a Entidades Federativas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) presentó inconsistencias en contratos de suministro de alimentos destinados a centros penitenciarios.
La ASF identificó la adquisición de productos alimenticios de “alto costo” que no guardan congruencia con los servicios prestados. Además, determinó que la dependencia tampoco
presentó la documentación debidamente formalizada que acredite la entrega física de los insumos ni la ejecución efectiva del suministro.
En esa misma observación se incluye el caso de los Servicios de Salud de Veracruz, donde las irregularidades se concentraron en la contratación de servicios de alimentación hospitalaria, detectándose un descontrol administrativo que imposibilita validar el gasto. El informe subraya que la dependencia no pudo acreditar la recepción de los servicios contratados ni proporcionó evidencia de la entrega total de las dietas pagadas.
Asimismo se constató que el personal encargado de validar dichos menús no contaba con la capacidad técnica demostrable para hacerlo y no se presentaron pruebas de los mantenimientos que supuestamente se realizaron en las áreas de trabajo vinculadas a la preparación de alimentos. En este apartado no se detalla el monto del daño de cada dependencia por separado.
Por otra parte, la ASF detectó un probable daño patrimonial por 53 millones 149 mil pesos en la SSP de Veracruz, derivado de servicios de protección y seguridad que no pudieron ser comprobados. La evidencia fue calificada como insuficiente, ya que la dependencia únicamente entregó reportes fotográficos de redes sociales y recibos de entrega del recurso al jefe de la Unidad Administrativa, documentos que no poseen validez legal como comprobantes de gasto, según el pliego de observaciones 2024-A-30000-19-2020-06-04.
Respecto de la auditoría al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), bajo la acción 2024-A-30000-21-2016-2025, se presume un daño patrimonial de un millón 721 mil pesos en la adquisición de equipo para elementos de la SSP. El resultado forma parte de la tercera entrega.
El contrato SSP-UA-088-24 contemplaba la adquisición de 365 cascos y 387 chalecos balísticos por un valor de 12.3 millones de pesos; sin embargo, tras la fiscalización, la dependencia no pudo presentar la totalidad de los resguardos que garantizaran la distribución y el uso de este equipamiento, perdiendo el control administrativo de su inventario. No se acreditó la existencia de 81 chalecos y 4 cascos balísticos.
En esa misma auditoría se pidió a la SSP iniciar varios procesos administrativos contra exfuncionarios relativos al contrato SSP-UA-051-24, por la adquisición de 47 camionetas tipo Pick Up, por las que se pagaron 70 millones 876 mil pesos a la firma Automóviles CGE de Zacatecas, S.A. de C.V., cuyos representantes legales están vinculados a firmas sancionadas por la Secretaría de la Función Pública. El total de presunto daño patrimonial es de 697 millones 805 mil pesos.
3.- Ricardo García Jiménez
En la primera entrega de la revisión de la Cuenta Pública, la ASF observó el manejo financiero del Instituto de Espacios Educativos (IEEV) por 31 millones 891 mil pesos derivados de la falta de amortización de anticipos en 13 contratos de obra pública del ejercicio 2024.
Según el pliego de observaciones, la dependencia no acreditó en los plazos legales el destino o la recuperación de estos recursos otorgados a contratistas para proyectos de infraestructura
básica, media superior y superior, identificados con numerales de contrato como el IEEV-FAMB-2024-106 y el IEEV-FAMS-2024-136, lo que contraviene la Ley de Obras Públicas del Estado.
Además de las irregularidades financieras, la fiscalización física de la ASF reveló deficiencias directas en la ejecución de los proyectos, destacando el contrato IEEV-FAMS-2024-108, donde se detectó un monto de 203.4 mil pesos por concepto de obra pagada pero no ejecutada.
El informe señala que esta obra no fue concluida y carecía de los finiquitos correspondientes; asimismo, otros cuatro contratos (106, 169, 191 y 219) presentaron un mal funcionamiento y no cumplieron con las especificaciones técnicas originales, evidenciando fallas en la calidad de la infraestructura educativa entregada.
Finalmente, el documento subraya que, aunque el Gobierno del Estado intentó justificar algunas de estas anomalías durante el proceso de auditoría, la solventación fue apenas parcial. El recurso ejecutado correspondía al Fondo de Aportaciones Múltiples de la Auditoría De Cumplimiento: 2024-A-30000-19-2012-2025 que se reportó en la segunda entrega de la ASF.
4.- Rebeca Quintanar Barceló
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Veracruz fue observado en la primera y la tercera entrega. En un inicio se observó el manejo de 16 millones 842 mil pesos debido a la falta de acreditación en la entrega de apoyos.
El organismo no presentó el soporte documental ni el padrón de beneficiarios que avalara que los bienes adquiridos mediante el programa “Atención a Población en Condiciones de Emergencia” realmente llegaron a los destinatarios finales.
La fiscalización reveló una severa irregularidad tras confrontar los padrones de los programas alimentarios estatales con las bases de datos de la Secretaría de Salud, identificando que mil 496 beneficiarios figuraban como decesos en los registros oficiales. Asimismo, se detectó el pago de 547.9 mil pesos a 275 personas que se encontraban fuera del rango de edad permitido para ser sujetos de apoyo escolar, evidenciando una nula depuración y control en sus listados de ayuda social.
Se detectó que la CURP de 3 mil 10 beneficiarios de desayunos escolares no fue localizada en la matrícula de alumnos de nivel básico del ciclo 2024, mientras que 3 mil 456 registros presentaron errores en su conformación y otros 2 mil 542 beneficiarios ni siquiera existen en las bases de datos del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), invalidando la transparencia en la entrega de estos recursos federales.
La ASF determinó que el DIF Estatal operó con padrones que incluían identidades inexistentes, duplicadas o de personas fallecidas. Esto quedó de manifiesto en la Auditoría de Cumplimiento 2024-A-30000-19-2012-2025 del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
En la tercera entrega, la Auditoría de Cumplimiento 2024-A-30000-19-2020-2025 de Participaciones Federales a Entidades Federativas reveló el mal manejo de 13 millones 10 mil pesos derivados de irregularidades en la adquisición de despensas y vales para empleados
sindicalizados. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó un probable daño patrimonial tras revisar 13 expedientes del capítulo 4000, constatando que el organismo no cuenta con la documentación justificativa necesaria para acreditar la recepción y el destino final de los bienes, además de omitir evidencia del ingreso de los productos al almacén y los contratos de las cuentas bancarias pagadoras.
El total del monto observado al DIF es de 33 millones 785 mil pesos.
5.- José Luis Lima Franco
La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) de Veracruz fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación debido a la realización de pagos indebidos por un monto inicial de 11 millones 908 mil pesos.
La dependencia efectuó depósitos a favor de 461 trabajadores que ya habían sido dados de baja definitiva, lo que representó un gasto irregular de 10.7 millones de pesos, además de destinar 1.1 millones de pesos a 31 empleados que se encontraban con licencia sin goce de sueldo, violando el Código Financiero del Estado y la Ley Estatal del Servicio Civil.
José Luis Lima FrancoLa ASF emitió el Pliego de Observaciones 2024-A-30000-19-2020-06-001, determinando un probable daño patrimonial por un millón 324 mil pesos. Este monto corresponde específicamente a pagos que aún se mantienen como indebidos para 16 trabajadores que ya estaban de baja y 4 trabajadores con licencia sin goce de sueldo.
Hay que hacer mención que la auditoría 2020 a las Participaciones Federales a Entidades Federativas observó el manejo financiero de 710 millones 419 mil pesos del recurso que se entregó a la SEFIPLAN; no obstante, la mayor parte del dinero lo dispersó a otras dependencias y órganos autónomos, y el monto pendiente de la dependencia estatal se limitó a un millón de peso
