“Ley contra el feminicidio debe garantizar el mismo estándar de protección en todo México”: Manuel Huerta

Tras reconocer el impulso fundamental de Marcela Lagarde, académica feminista y exlegisladora, para avanzar en la tipificación del feminicidio en México, el Senador Manuel Huerta participó en el inicio de la Mesa de Diálogo sobre la propuesta de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera destacó que el país se encuentra ante la gran responsabilidad de construir una legislación que fortalezca la respuesta del Estado frente a la violencia feminicida y garantice una protección efectiva a las mujeres.
“Tenemos la responsabilidad de construir una ley que fortalezca la respuesta del Estado frente a la violencia feminicida y ante el asesinato brutal de una mujer por razones de género”, expresó.
Manuel Huerta sostuvo que, frente al feminicidio, la prevención, la atención, la investigación, la sanción y la erradicación constituyen eslabones de una misma política pública encaminada a un objetivo fundamental: “garantizar el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencias”.
En este sentido, explicó que prevenir significa reconocer las señales de riesgo y actuar antes de que la violencia escale. Atender, por su parte, implica garantizar que “una mujer que solicita ayuda encuentre instituciones capaces de escucharla, protegerla y dar seguimiento a su situación”.
Investigar y sancionar, añadió, exige actuar con debida diligencia, perspectiva de género y capacidades institucionales suficientes para garantizar el acceso a la verdad y a la justicia, así como combatir la impunidad.
Erradicar la violencia feminicida, apuntó, supone transformar las condiciones institucionales, sociales y culturales que permiten que estas violencias continúen reproduciéndose.
El legislador veracruzano reconoció que uno de los grandes retos de la nueva legislación será garantizar una adecuada coordinación entre autoridades e instituciones, pues una política efectiva de prevención requiere articular información que actualmente se encuentra dispersa y convertirla en decisiones oportunas para proteger la vida y la integridad de las mujeres.
El Senador del Pueblo señaló que la Ley General deberá garantizar instituciones especializadas, personal capacitado, información útil, coordinación efectiva y recursos suficientes para convertir las obligaciones jurídicas en capacidades reales del Estado.
En ese marco, afirmó que “la Federación, los estados y los Municipios deberán asumir responsabilidades claras y trabajar como un verdadero sistema”.
Advirtió, asimismo, que una legislación de carácter general “será verdaderamente nacional cuando una mujer pueda acceder al mismo estándar de protección, independientemente de la entidad federativa, Municipio o comunidad donde viva”.
Manuel Huerta subrayó que alcanzar ese estándar nacional permitirá evitar que la protección de los derechos, la atención institucional, la investigación de los delitos o el acceso a la justicia dependan del lugar del país en el que viva una mujer.
Al agradecer que la Comisión de Estudios Legislativos Primera participe en el proceso de análisis y dictaminación de la nueva legislación, el senador reconoció las aportaciones de especialistas, colectivas, organizaciones y personas que estudian el fenómeno del feminicidio, acompañan a las víctimas y han contribuido a la construcción de avances jurídicos para prevenir y combatir esta forma extrema de violencia contra las mujeres.
En particular, destacó el trabajo de la Senadora Malú Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, así como de quienes integran la Comisión de Justicia, y reconoció su compromiso para avanzar en el proceso legislativo de la iniciativa de Ley General enviada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.
Finalmente, Manuel Huerta sostuvo que el diálogo público y el trabajo coordinado entre el Poder Legislativo, especialistas, instituciones y sociedad civil permitirán construir una Ley General con herramientas efectivas de prevención, protección, investigación y sanción, capaz de fortalecer la actuación del Estado frente a la violencia feminicida y garantizar a todas las mujeres el ejercicio pleno de su derecho a una vida libre de violencias.