Un esquema sistemático de despojo de inmuebles que ubicaba propiedades vulnerables, simulaba juicios civiles y ejecutaba lanzamientos con grupos armados fue puesto al descubierto por la Fiscalía General del Estado (FGE). La titular del organismo, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, detalló la estructura operativa de la presunta red conocida como el “Cártel Inmobiliario”, por la cual cuatro personas ya fueron vinculadas a proceso.
De acuerdo con las investigaciones, la organización era presuntamente encabezada por Roly “N”, quien coordinaba las acciones de manera indirecta para evitar figurar en los documentos legales de los predios.
La fiscal general explicó que la red criminal operaba bajo una ruta logística perfectamente delimitada:
Pedro Damián “N” se encargaba de ubicar viviendas en litigio o pertenecientes a personas de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad.
Revisaban antecedentes en el Registro Público, gravámenes y estatus jurídico de los inmuebles.
Mediante prestanombres y documentación apócrifa (poderes notariales, pagarés y contratos de compraventa), los abogados Miguel Isaac “N”, Pedro Damián “N” y Jese Miguel “N” promovían juicios civiles simulados para obtener fallos judiciales a favor.
David “N” coordinaba la ejecución de los lanzamientos valiéndose de personas armadas y grupos de choque para intimidar a los ocupantes y tomar posesión de las fincas.
Una vez consumado el despojo, los inmuebles eran registrados a nombre de prestanombres ligados a Roly “N” o transferidos a su hermano, David “N”.
Derivado de la indagatoria, un juez dictó vinculación a proceso en contra de Miguel Isaac “N”, Pedro Damián “N”, Jese Miguel “N” y David “N” por su probable participación en estos hechos.
La FGE precisó que cada uno de los implicados desempeñaba un rol específico dentro de la estructura y confirmó que las investigaciones continúan abiertas para determinar si existen más personas o funcionarios involucrados en esta red de despojo inmobiliario.
