La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, fijó la postura institucional del organismo tras las acusaciones públicas vertidas por la abogada Herminia Báez Vázquez, quien denunció haber sido víctima de un cateo presuntamente ilegal, tortura, robo y encarcelamiento injustificado por parte de elementos adscritos a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECS).
Sin mencionar de forma explícita el nombre de la afectada, la fiscal general sostuvo a través de un mensaje en redes sociales que la intervención policiaca efectuada en la colonia Amapolas, en el municipio de Veracruz, obedeció a una orden judicial previamente autorizada por un juez de control como parte de una investigación por noticias criminales.
Según lo expuesto por la funcionaria, la diligencia permitió la localización y aseguramiento de un vehículo Volkswagen Jetta que contaba con reporte de robo, lo que derivó en detenciones bajo el argumento de flagrancia por probables hechos delictivos.
Aunque reconoció que el órgano jurisdiccional determinó la no vinculación a proceso de las personas aseguradas, Jiménez Aguirre precisó que dicha resolución es susceptible de ser impugnada por la representación social para dar continuidad a las indagatorias. La fiscal afirmó que la FGE actúa con apego al debido proceso y al respeto de los derechos humanos.
Por su parte, en conferencia de prensa previa, la abogada Herminia Báez narró que la madrugada del pasado 11 de septiembre, agentes policiacos irrumpieron violentamente en su vivienda tras derribar los accesos principales sin exhibir orden de cateo alguna.
La profesional del derecho acusó que tanto ella como sus hijos fueron sometidos, agredidos físicamente y torturados. Asimismo, sostuvo que las autoridades les “sembraron” sustancias ilícitas y que, mientras permanecía recluida en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, se registraron retiros bancarios no autorizados desde sus tarjetas de crédito y débito, las cuales le fueron despojadas durante el operativo.
Respecto al automóvil asegurado, Báez Vázquez aseveró que fue adquirido de manera legal con documentación en regla y tras haber verificado previamente en los sistemas oficiales que la unidad no contaba con reporte de robo ni irregularidades administrativas.
Ante la gravedad de los hechos y la difusión de grabaciones en redes sociales donde se aprecia la irrupción de los elementos al inmueble, la denunciante solicitó la intervención de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, para sancionar a los elementos de la UECS involucrados.
Tras obtener su libertad al no ser vinculada a proceso, la abogada manifestó que solicitará asilo político en los Estados Unidos al señalar que no existen garantías de seguridad para ella y su familia dentro del estado de Veracruz.
