Derek Maltz, exdirector interino de la Agencia Antisecuestro y Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), reconoció públicamente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tras la detención de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”. Sin embargo, el exfuncionario estadounidense aprovechó la coyuntura para reiterar su exigencia de que el gobierno de México entregue a la justicia estadounidense a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia.
A través de un mensaje en la red social X este 7 de octubre, Maltz felicitó a las fuerzas federales encabezadas por la SSPC, la Marina y la Guardia Nacional por el operativo. A la par, difundió una infografía generada en parte con inteligencia artificial que simula el arresto de Rocha Moya por agencias como el FBI, la DEA y HSI, acompañada del cuestionamiento “¿Siguiente?”.
“Enviar a Rubén Rocha Moya y a otros políticos corruptos acusados en Estados Unidos por apoyar a los cárteles terroristas para enfrentar la justicia sería un gran logro”, afirmó el exmando policial.
El señalamiento de Maltz forma parte de una postura recurrente sostenida desde el verano. Desde el pasado 22 de agosto —coincidiendo con la solicitud de una segunda licencia al cargo por parte de Rocha Moya—, el exjefe antidrogas ha urgido a García Harfuch a ejecutar un operativo de “arresto y deportación” hacia territorio estadounidense.
En semanas posteriores, el exmando de la DEA ha insistido en que México se sume a la Coalición Anticárteles de las Américas y acepte respaldo militar y logístico de Washington.
Ante estos planteamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum ha ratificado que la postura oficial de su administración se mantendrá bajo el principio de “coordinación sin subordinación”. Durante un acto público el 20 de septiembre, la mandataria reafirmó la soberanía nacional y puntualizó que hasta la fecha las autoridades de Estados Unidos no han presentado pruebas formales que sustenten las acusaciones contra Rocha Moya u otros funcionarios.
La controversia escala en un contexto de fricción diplomática reportado por The Wall Street Journal. Recientemente, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a 21 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa, entre ellas a Carlos Torres, expareja de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
De acuerdo con el diario estadounidense, la presidenta Sheinbaum expresó su desacuerdo interno ante la falta de evidencias concluyentes en el expediente, considerando que este tipo de acciones unilaterales buscan presionar a su administración, aunque finalmente autorizó el bloqueo preventivo de las cuentas bancarias señaladas para no fracturar la relación bilateral.
