Un altercado entre el equipo de seguridad de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, y una representante del colectivo de madres de niños con cáncer empañó la visita de la mandataria al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) este 7 de octubre.
El incidente ocurrió cuando Cora de Jesús Rodríguez, vocera del movimiento, intentó encarar a la gobernadora para exigirle el abasto real de medicamentos oncológicos. En respuesta, un elemento de la escolta de Nahle la sujetó del brazo y la empujó para apartarla, hecho que quedó registrado en un video difundido en redes sociales.
Durante el forcejeo, la madre recriminó la agresión física: “No me empujes, me está lastimando, quiero hablar con usted”. Ante el reclamo, la gobernadora intervino recriminando a la manifestante: “Usted no es madre de familia” y agregando que “a los niños no los vamos a utilizar”, afirmación que la afectada rechazó entre lágrimas al señalar que tiene dos hijos bajo tratamiento.
La gobernadora sostuvo que su visita al nosocomio fue sorpresiva y que las cifras oficiales indican un abasto del 95% en la farmacia de Oncología, 70% en el área general y 89% en el almacén.
Por su parte, las madres de los pacientes denunciaron que el área fue reacondicionada previo a la visita para simular existencias. “Ponen las cajas de medicamentos justo antes de su visita para justificar que decimos mentiras y desacreditarnos”, señalaron integrantes del colectivo, quienes acusaron que el desabasto persiste en la entidad tras la marcha realizada días antes en Xalapa.
Cabe señalar que la integrante del equipo de seguridad señalada en la grabación cuenta con antecedentes de agresiones a reporteras en eventos públicos de la mandataria estatal. Tras el altercado, la gobernadora canceló la segunda parada programada en su agenda en el hospital de Tarimoya.
De forma paralela a los hechos ocurridos en el puerto de Veracruz, el Movimiento Nacional por la Salud “Papás de Niños con Cáncer”, junto con las organizaciones Fundación Nicoatole A.C. y De Corazón A.C., acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer una denuncia formal.
La querella señala directamente al empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio y a Andrés Manuel López Beltrán por la presunta comisión de los delitos de genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo.
De acuerdo con el documento presentado ante la representación social, las organizaciones documentaron la adjudicación de contratos por más de 490 millones de pesos a la empresa Romedic S.A. de C.V. —propiedad de Olán Aparicio— mediante fondos del extinto INSABI en Tabasco y Quintana Roo, a pesar de contar con observaciones de la COFEPRIS por incumplimiento de regulación sanitaria. Las asociaciones estiman que las fallas en la distribución de tratamientos han derivado en la pérdida de vidas de más de 5,000 menores en todo el país.
