PARA GARANTIZAR EL INTERÉS NACIONAL
La reforma constitucional busca que quienes aspiren a estos cargos de elección popular renuncien de forma obligatoria a cualquier otra ciudadanía.
La mandataria federal argumentó que la Carta Magna actual mantiene ambigüedades sobre el tema y se requiere blindar la soberanía del país.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el envío al Congreso de la Unión de una iniciativa de reforma constitucional que obligará a quienes aspiren a la Presidencia, gubernaturas de los estados o a la Jefatura de Gobierno a contar de forma exclusiva con la nacionalidad mexicana.
Con esta propuesta, los aspirantes que posean una segunda ciudadanía deberán renunciar formalmente a ella al momento de registrar sus candidaturas, con el fin de garantizar que el interés supremo de los mandatarios sea la nación mexicana por encima de los compromisos con otros países.
Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal sostuvo que el marco legal vigente carece de la claridad necesaria respecto a la materia, lo que ha permitido que incluso en la actualidad existan gobernadores en funciones que cuentan con doble nacionalidad.
“Un gobernador que tiene doble nacionalidad tiene dos intereses, es ciudadano de dos naciones distintas. Y al tener esta condición no está claro que el interés supremo sea el interés nacional. Frente a las injerencias que ha habido es indispensable que sean mexicanos”, aseveró Sheinbaum Pardo.
Al ser cuestionada sobre si esta modificación afectaría de forma directa a personajes del ámbito político que residen en el extranjero, como el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la mandataria argumentó que resulta inconsistente pretender encabezar una administración pública o buscar una candidatura impulsándola fuera del territorio nacional.
Con la entrega del documento a la cámara alta este jueves, el Congreso de la Unión iniciará la ruta de análisis y dictaminación de la reforma, la cual busca modificar la Constitución para blindar la titularidad de las magistraturas ejecutivas del país frente a conflictos de interés internacionales.
