La oposición en Veracruz cierra filas en contra de la reciente reforma que endurece los requisitos para la revocación de mandato. El Partido Acción Nacional (PAN) anunció de manera oficial que, a través de su dirigencia nacional, promoverá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para echar abajo las modificaciones aprobadas por el Congreso local a favor de la gobernadora Rocío Nahle García.
Con esta decisión, el partido blanquiazul se suma a la estrategia jurídica de Movimiento Ciudadano (MC), que días antes también adelantó que recurrirá al máximo tribunal del país al considerar que las nuevas medidas representan un retroceso para la democracia participativa.
La presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, Ana Cristina Ledezma López, acusó a la mayoría legislativa integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de imponer “candados” desproporcionados con el único fin de proteger a la actual titular del Ejecutivo de la evaluación ciudadana.
Ledezma López argumentó que las legislaturas locales tienen la facultad de regular procedimientos, pero no de imponer requisitos excesivos que restrinjan o anulen derechos políticos ya consagrados en la Carta Magna federal.
“Lo que hicieron fue exactamente lo contrario. En lugar de que sea un mecanismo fácil, les imponen nuevos requisitos a las y los ciudadanos, procedimientos y filtros que la Constitución federal nunca contempló. Donde la Constitución abrió una puerta para la participación ciudadana, el oficialismo decidió colocar obstáculos”, sostuvo la dirigente panista.
La reforma aprobada el pasado 7 de julio por los diputados veracruzanos modificó de fondo las reglas para activar la revocación de mandato, fijando estándares que la oposición califica como “prácticamente imposibles de cumplir”:
El umbral de firmas: Exige el respaldo del 10 por ciento de la Lista Nominal de Electores (alrededor de 600 mil firmas), un incremento drástico comparado con el 3 por ciento que se contemplaba anteriormente.
Plazo exprés: El periodo establecido para recabar la totalidad de los apoyos ciudadanos se redujo a solo 30 días.
Dispersión territorial obligatoria: Las firmas deben distribuirse en al menos 107 de los 212 municipios del estado, garantizando que en cada uno de ellos se alcance el respaldo de al menos el 3 por ciento del listado nominal local.
La dirigente estatal de Acción Nacional fue enfática al señalar que el partido utilizará todas las herramientas jurídicas y constitucionales a su alcance para combatir el decreto de la mayoría oficialista, asegurando que los derechos de los ciudadanos no deben negociarse en el Congreso.
“El Partido Acción Nacional no va a permitir que las mayorías y sus aliados utilicen la ley para protegerse de los ciudadanos. Los derechos no deben negociarse; los derechos deben defenderse”, concluyó.
Se espera que en las próximas semanas, una vez que las dirigencias nacionales de ambos partidos de oposición terminen de estructurar los recursos legales con sus equipos jurídicos, las acciones de inconstitucionalidad sean presentadas de manera formal ante la SCJN para su análisis y resolución.
