A escasas semanas de cumplir su sentencia actual, el panorama legal de Javier Duarte de Ochoa ha dado un vuelco. Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control del Reclusorio Norte, dictó este jueves prisión preventiva justificada contra el exgobernador de Veracruz, tras una nueva acusación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de peculado.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción presentó un expediente con 38 datos de prueba que señalan un manejo irregular de recursos federales durante el ejercicio fiscal 2012.
De acuerdo con la investigación, el Gobierno Federal transfirió a Veracruz 10 millones de pesos destinados a programas sociales para niños y adultos mayores. Sin embargo, la FGR sostiene que solo la mitad llegó a su destino original: 5 millones de pesos fueron aplicados correctamente.
5 millones de pesos restantes habrían sido desviados para gastos operativos del gobierno estatal, en lugar de ser devueltos a la Tesorería de la Federación, como marca la ley.
En un movimiento inusual, el propio Javier Duarte tomó la palabra en cinco ocasiones durante la audiencia para fungir como su propio defensor. El exmandatario calificó el proceso como una “persecución política” y cuestionó la independencia judicial.
“Creía todavía en la justicia y en la independencia judicial”, declaró Duarte ante el juez, enfatizando que su actual condena de nueve años está por expirar el próximo 15 de abril.
A pesar de sus argumentos, el juez Villaseñor determinó que la medida cautelar de prisión preventiva era necesaria para garantizar la continuidad del proceso.
El factor clave: Tarek Abdalá
La defensa de Duarte centró parte de su estrategia en solicitar la comparecencia de Antonio Tarek Abdalá Saad, extesorero de Veracruz durante 2012. Abdalá es considerado el testigo estrella de la Fiscalía en este caso, aunque su testimonio no fue presentado en esta audiencia inicial.
¿Qué sigue en el caso?
El futuro jurídico inmediato de Duarte se definirá el próximo martes, fecha en la que se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso. En dicha sesión, el juez determinará si existen elementos suficientes para iniciar un juicio formal por este nuevo cargo de peculado.
De ser vinculado, esta nueva acusación podría frustrar los planes de libertad del exgobernador, cuya salida de prisión estaba prevista para mediados de abril de 2026.
