El Departamento de Justicia imputó a 13 personas que operaban en El Paso, Texas, para abastecer la logística del crimen organizado.
Las autoridades estadounidenses han recuperado 29 unidades valoradas en 1.1 millones de dólares, algunas con modificaciones de blindaje.
En un contundente golpe a las estructuras de soporte logístico del crimen organizado en la frontera sur de Estados Unidos, el Departamento de Justicia (DOJ) formalizó una acusación penal ante una corte federal contra 13 presuntos integrantes de una red transfronteriza dedicada al robo, traslado e internación ilegal de vehículos de alto valor hacia México.
La investigación, liderada por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) en el Distrito Oeste de Texas, reveló que las unidades robadas en la zona metropolitana de El Paso no se destinaban al mercado negro convencional, sino que servían como suministro directo para fortalecer la capacidad operativa y de blindaje de cárteles del narcotráfico.
Las imputaciones y capturas se concretaron tras el despliegue de la Operación Southbound Takedown, iniciada en la primavera de 2026. Las detenciones comenzaron el 25 de marzo con la captura de Kimberly Aguilar, seguida por el arresto de Marty Gerardo Jr. el 22 de julio.
Posteriormente, entre el 22 de julio y el 19 de octubre de 2026, las autoridades consolidaron el pliego acusatorio imputando a 11 miembros adicionales —nueve ciudadanos estadounidenses y dos de nacionalidad mexicana—.
“No se trata de delitos aislados contra la propiedad; los vehículos robados demuestran un patrón alarmante para sostener las operaciones diarias de organizaciones criminales peligrosas”, aseveró Ryan G. McRae, agente especial a cargo de HSI en El Paso.
Según el informe oficial, la organización reclutaba a personas con documentación de tránsito frecuente para cruzar las camionetas pick-up y vehículos de lujo por los puentes internacionales hacia Ciudad Juárez, evadiendo los controles fronterizos.
Asimismo, la investigación estadounidense reveló un esquema de corrupción transfronteriza en el que la estructura criminal operaba en colusión con funcionarios en México para la recepción, reemplacamiento y legalización de las unidades dentro del registro vehicular mexicano.
Hasta el momento, las autoridades han logrado recuperar 29 vehículos con un valor estimado de 1.1 millones de dólares, entre los que destacan unidades adaptadas con blindaje para combate urbano. De ser hallados culpables por el delito de transporte internacional de propiedad robada, los 13 procesados podrían enfrentar penas de hasta 10 años de prisión federal.
