La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz reveló que, tras una exhaustiva auditoría a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), se detectaron cuentas bancarias por alrededor de 280 millones de pesos administradas por una fundación externa, cuyo origen y destino final no han sido aclarados. Las autoridades estatales presumen que se trata de recursos de procedencia ilícita vinculados a un esquema de corrupción.
El titular de Sefiplan, Miguel Reyes Hernández, detalló que el dinero —proveniente en gran medida de las cuotas de inscripción y colegiaturas que pagan los propios estudiantes— era triangulado a través de asociaciones civiles bajo un esquema de subcontratación y tercerización que carecía de contratos formales.
De acuerdo con el funcionario, el modelo anterior permitía a la universidad evadir responsabilidades laborales directas utilizando fundaciones para dispersar los pagos a los asesores solidarios (maestros).
“La UPAV le pagaba antes a través de fundaciones, ni siquiera tenían contrato los trabajadores. Les pagaban a través de mecanismos fraudulentos donde tercerizaban el pago”, afirmó Reyes Hernández.
El secretario precisó que el delito de lavado de dinero en este caso no está asociado al crimen organizado, sino a actos de corrupción gubernamental, donde recursos públicos o ingresos de la institución eran desviados de manera ilícita e introducidos nuevamente al sistema financiero bajo una apariencia legal.
Añadió que, mientras la fundación concentraba una bolsa acumulada de 280 millones de pesos, se negaba sistemáticamente a pagar a los docentes argumentando que no contaban con solvencia económica.
Con la llegada de la actual administración estatal, Sefiplan eliminó este esquema de tercerización. Actualmente, la UPAV recibe y administra de manera directa sus recursos públicos, lo que permitió formalizar los contratos laborales de la plantilla docente y aumentar en promedio un 40 por ciento sus salarios.
Respecto a las protestas y quejas recientes por supuestos adeudos, Reyes Hernández aseguró que estas manifestaciones están “muy focalizadas” y son promovidas por grupos vinculados a las gestiones pasadas que se beneficiaban de las irregularidades.
La UPAV, fundada en 2011, operó durante años de la mano con las asociaciones Alianza para el Fomento del Aprendizaje y la Fundación para la Educación, Salud y Recuperación del Medio Ambiente (EDAL), A.C. Estas figuras legales recibieron observaciones y señalamientos por presuntos desvíos de recursos en tres administraciones estatales consecutivas (de distintas fuerzas políticas).
Los señalamientos de la actual administración comenzaron a escalar en diciembre de 2025, cuando la titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Claudia Tello Espinosa, acusó formalmente a la fundación por el manejo irregular de las cuotas de los estudiantes.
Este caso ya ha derivado en consecuencias penales de alto perfil. Apenas en enero de 2026, la Fiscalía General del Estado concretó la detención de tres ex directivos clave de la institución:
Sergio “N” (exrector de la UPAV)
Víctor de Jesús “N” (exdirector administrativo)
Frida “N” (exjefa de Servicios Financieros)
Los tres exfuncionarios enfrentan actualmente procesos penales en prisión preventiva por su probable responsabilidad en los delitos de peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y ejercicio indebido del servicio público. El secretario Reyes Hernández concluyó señalando que la investigación sobre los 280 millones restantes se encuentra en manos exclusivas de la Fiscalía General del Estado para deslindar las responsabilidades correspondientes.
