La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, ha revelado las causas del reciente derrame de hidrocarburo que ha afectado las playas del sur del estado, descartando que el incidente se haya originado en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex). Según la mandataria, el vertido provino de un barco de una petrolera privada que realizaba trabajos frente a las costas de Tabasco.
En un informe detallado, Nahle García explicó que, tras comunicarse con el director de Pemex, se confirmó que “todo parece indicar que fue de un barco privado, no corresponde a Pemex. Fue un barco de otra petrolera que estaba haciendo trabajos frente a las costas de Tabasco, aproximadamente por Sánchez Magallanes”.
La gobernadora precisó que el derrame se produjo en altamar y que las corrientes marinas fueron las responsables de trasladar el hidrocarburo hasta las costas veracruzanas, donde comenzaron a detectarse los primeros residuos en municipios como Pajapan.
Para determinar el origen de la mancha, se llevaron a cabo intensos trabajos de inspección durante más de cinco días, que incluyeron recorridos de más de 500 kilómetros con barcos especializados, apoyo de tecnología de imagenología y monitoreo satelital. “Fue un derrame de un barco y por las corrientes marítimas la mancha llegó a nuestras costas. Afortunadamente se localizó el origen y se contuvo”, afirmó Nahle.
La mandataria aclaró que no se trató de una “chapopotera”, es decir, una filtración natural de petróleo, lo cual habría dificultado mucho más su rastreo y contención.
Actualmente, las labores de limpieza y saneamiento se realizan de manera coordinada entre la Secretaría de Marina (Semar), Pemex, el Gobierno del Estado y los habitantes de las comunidades afectadas. Se ha detectado la presencia de residuos en zonas costeras de Alvarado y se mantienen acciones preventivas ante la posibilidad de que el hidrocarburo alcance otras áreas del litoral, buscando evitar mayores afectaciones al sector pesquero y a las playas.
En cuanto a las responsabilidades, la gobernadora indicó que corresponderá a instancias federales como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) determinar las sanciones correspondientes contra la empresa privada involucrada.
