![]()
Cosoleacaque, Veracruz.— Una ciudadana originaria del municipio de Cosoleacaque denunció formalmente haber sido registrada sin su consentimiento en el padrón de militantes del partido Alianza Generacional por Veracruz, organización política encabezada por Héctor Yunes Landa, situación que le impidió continuar en un proceso de reclutamiento laboral ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
De acuerdo con el testimonio de la afectada, identificada como Marbella Castillo Hernández, el hallazgo ocurrió cuando intentó postularse a una convocatoria de trabajo emitida por el órgano electoral nacional. Como parte de los requisitos de imparcialidad exigidos por el INE, los aspirantes no deben estar afiliados a ninguna fuerza política; sin embargo, al revisar su estatus en el padrón oficial, descubrió que aparecía inscrita como militante de dicha agrupación.
Castillo Hernández aseguró desconocer la existencia del partido y afirmó que en ningún momento autorizó el uso de sus datos personales ni firmó solicitud de ingreso alguna. Ante la afectación directa a su oportunidad laboral y la posible vulneración a la protección de sus datos personales, la ciudadana interpuso una queja formal ante las instancias correspondientes para exigir una investigación y el deslinde de responsabilidades.
La postura de Héctor Yunes Landa
Por su parte, el dirigente de Alianza Generacional por Veracruz, Héctor Yunes Landa, rechazó de manera categórica que la organización política incurra en prácticas de afiliación corporativa o sin autorización ciudadana.
En respuesta a los señalamientos, Yunes Landa sostuvo que el registro de la denunciante no se realizó de forma irregular, sino que se efectuó durante una asamblea constitutiva que contó con la presencia y certificación oficial del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, instancia encargada de dar fe de la identidad y voluntad de los asistentes en este tipo de actos.
En manos de las autoridades electorales
Tras la presentación de la denuncia y las declaraciones encontradas entre la ciudadana y la dirigencia partidista, corresponderá a las autoridades electorales y de transparencia revisar la documentación de la asamblea certificada, cotejar las firmas y determinar si existió un uso indebido de datos personales o una afiliación irregular, así como establecer las sanciones que resulten procedentes conforme a la ley.
