*.-El Gobernador de Sinaloa niega los señalamientos, pero las investigaciones abiertas en México y Estados Unidos mantienen vigente la posibilidad de un proceso penal.
El regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa ocurre mientras permanecen abiertas investigaciones relacionadas con los señalamientos formulados en su contra por autoridades de Estados Unidos. El mandatario ha rechazado las acusaciones y sostiene que son parte de una ofensiva política, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas sus propias indagatorias.
La pregunta central es qué podría ocurrir si, eventualmente, las investigaciones consiguen probar las acusaciones y se determina que Rocha Moya incurrió en delitos.
El caso tiene una dimensión particularmente delicada porque Estados Unidos lo señaló formalmente, junto con otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, por presuntamente colaborar con una facción del Cártel de Sinaloa para facilitar actividades de narcotráfico a cambio de sobornos, protección y apoyo político. La acusación presentada ante una corte federal de Nueva York incluye al Gobernador como uno de los señalados.
Una eventual responsabilidad penal en México
El primer escenario dependería de lo que determine la FGR. Si la Fiscalía mexicana obtiene pruebas suficientes para acreditar que Rocha Moya participó en delitos, podría iniciar una investigación penal y, dependiendo de los elementos reunidos, solicitar ante un juez las medidas correspondientes.
La naturaleza exacta de una eventual acusación determinaría las penas. No sería lo mismo acreditar delincuencia organizada, delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho, asociación delictuosa o encubrimiento, por ejemplo.
Por ello, no existe actualmente una pena específica que pueda atribuirse al gobernador únicamente a partir de las acusaciones estadounidenses. La sanción dependería de qué delitos fueran acreditados, qué pruebas se presentaran y qué tribunal determinara su responsabilidad.
El caso también tiene un componente político. La Constitución de Sinaloa establece que el gobernador puede ser sujeto de juicio político para determinar responsabilidades.
Si se acreditaran conductas que encuadren en las hipótesis previstas por la legislación, podría abrirse un procedimiento de responsabilidad política, independientemente de las consecuencias penales que pudieran derivarse de una investigación ministerial.
¿Podría ser detenido o extraditado a Estados Unidos?
Otro escenario sería que Estados Unidos insistiera en llevar a Rocha Moya ante sus tribunales. De acuerdo con documentos difundidos sobre el expediente, Washington solicitó a México medidas relacionadas con la posible detención con fines de extradición de los funcionarios señalados.
Sin embargo, una solicitud de extradición no equivale a una condena. Para que Rocha Moya terminara ante una corte estadounidense tendría que desarrollarse un procedimiento de cooperación y extradición conforme a las leyes mexicanas y al tratado bilateral correspondiente.
En caso de que México autorizara y ejecutara una extradición, el gobernador tendría que enfrentar el proceso penal en Estados Unidos por los delitos que le fueran imputados en ese país.
Ahí las consecuencias podrían ser considerablemente mayores. Si una corte estadounidense lo declarara culpable de delitos relacionados con narcotráfico, corrupción o conspiración, podría enfrentar penas de prisión severas, además de posibles sanciones económicas y decomiso de bienes vinculados con las actividades ilícitas, dependiendo de los cargos finalmente acreditados.
El precedente de otros integrantes del Cártel de Sinaloa muestra el alcance de las investigaciones estadounidenses contra altos mandos y operadores políticos presuntamente relacionados con organizaciones criminales.
El regreso al cargo no cierra el caso
La reincorporación de Rocha Moya a la Gubernatura tampoco significa que las investigaciones hayan desaparecido. El gobernador regresó al cargo después de una licencia de 112 días, pese a que las investigaciones mexicanas y estadounidenses seguían siendo un asunto abierto.
De hecho, su regreso provocó nuevos cuestionamientos políticos. Morena y diversos integrantes del oficialismo se deslindaron de la decisión, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente que el mandatario hubiera decidido volver sin consultar al Gobierno federal.
Rocha Moya enfrenta un escenario político y judicial incierto tras las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses.
Existe además una investigación relacionada con los acontecimientos que rodearon el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén. La reciente detención de Fausto
Corrales, señalado como testigo relevante de ese caso, añadió un nuevo elemento al expediente.
Por ahora, Rocha Moya niega las acusaciones y no existe una sentencia que determine su responsabilidad penal. Por ello, cualquier escenario de cárcel, destitución o extradición debe entenderse como una posibilidad condicionada a que las autoridades presenten pruebas suficientes y un tribunal determine su culpabilidad.
Si las acusaciones finalmente fueran acreditadas, el impacto podría trascender la política sinaloense: Rocha Moya podría enfrentar simultáneamente responsabilidades penales en México, un eventual procedimiento de extradición, consecuencias políticas y un proceso judicial en Estados Unidos, dependiendo de cómo evolucionen ambos expedientes.
