*.-Los munícipes Raúl González y Norberto Bravo deberán comparecer ante la Comisión Instructora; la FGE busca retirarles la inmunidad procesal para ejercer acción penal por presuntos delitos graves.
Los presidentes municipales de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Norberto “Bertín” Bravo Montero, fueron citados a comparecer este jueves 30 de julio ante la Comisión Instructora de la LXVII Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, dentro del procedimiento de declaración de procedencia promovido por la Fiscalía General del Estado (FGE).
A las audiencias —a las que podrán acudir de manera presencial o mediante sus representantes legales— se les notificó con el fin de que amplíen los argumentos de su defensa, respondan a las imputaciones de la FGE y desahoguen pruebas dentro de los expedientes con los que el órgano autónomo busca retirarles la inmunidad constitucional.
La Comisión Instructora del Congreso local está integrada por los diputados Facundo Fernández de la Cruz (presidente), Ramón Díaz Ávila (secretario) y Felipe Pineda Barradas (vocal).
Ambos servidores públicos enfrentan severos señalamientos de carácter penal:
Raúl González Martínez (Ixhuatlán del Sureste): Es investigado por la FGE por su presunta participación en la desaparición y posterior asesinato de la comunicadora Roxana Guzmán. El pasado 28 de julio, el edil acudió personalmente al Palacio Legislativo para entregar por escrito las pruebas de descargo.
Norberto Bravo Montero (Úrsulo Galván): La FGE lo vincula con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta Ignacio López, de quienes no se tiene noticia desde el pasado 14 de mayo, cuando se dirigían a un predio del munícipe en la zona de Barra de Chachalacas. En este caso, el alcalde envió a su representación legal a presentar la documentación defensiva.
Luego de que la Comisión Instructora revisara los medios de prueba aportados por las partes, fijó la fecha de emplazamiento para este jueves. Tras concluir la etapa de audiencias, el órgano parlamentario analizará los elementos acumulados para emitir un dictamen por cada caso.
La comisión precisó que su labor no consiste en determinar si los ediles son culpables o inocentes de los delitos que se les imputan, sino en juzgar si existen indicios legales suficientes para remover el fuero y dejarlos a disposición de las autoridades judiciales.
De resultar procedentes los dictámenes, la Presidencia de la Mesa Directiva turnará los expedientes al Pleno —compuesto por 50 diputadas y diputados— para su votación.
De aprobarse la declaración de procedencia con la mayoría requerida, la FGE quedará facultada para ejercitar acción penal inmediata contra los señalados. De lo contrario, los munícipes mantendrán la protección constitucional durante el resto de su gestión.
Se prevé que la Comisión Instructora presente sus dictámenes ante la Diputación Permanente a principios de agosto, fecha en la que también se evaluaría convocar a un periodo extraordinario de sesiones para someter ambos casos a votación.
