Cita jueza a exsecretario de Marina Rafael Ojeda; FGR reporta no haberlo localizado
El almirante en retiro fue requerido como testigo en la audiencia de su sobrino político, el contralmirante Fernando F. L.
La defensa argumenta que dos mandos medios no contaban con facultades unilaterales para operar el contrabando de combustible a gran escala.
Una jueza federal emitió un citatorio para que el almirante en retiro José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, comparezca en calidad de testigo dentro del proceso penal que se le sigue a su sobrino político, el contralmirante Fernando F. L., por presuntos actos de “huachicol fiscal” en aduanas marítimas. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) no logró ubicarlo para notificarlo.
La comparecencia del mando naval fue requerida a solicitud de la defensa legal del imputado, encabezada por el litigante Epigmenio Mendieta, como parte de los elementos de prueba para deslindar responsabilidades sobre el control y las operaciones de contrabando de hidrocarburos.
La presencia de Ojeda Durán fue uno de los argumentos centrales considerados por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega para decretar la reserva y el desarrollo a puerta cerrada de las audiencias de imputación y vinculación a proceso en el Centro de Justicia Penal Federal.
“Fue uno de los medios de prueba que solicité para que estuviera presente. Parte del argumento que utilizó la jueza para que la audiencia fuera cerrada es que efectivamente iba a comparecer un funcionario de esa naturaleza”, explicó el abogado defensor al término de la comparecencia.
A pesar de que la representación legal facilitó a las autoridades ministeriales los datos sobre el domicilio actual del exfuncionario, agentes de la FGR manifestaron la imposibilidad de encontrarlo para hacerle entrega del mandato judicial que fijaba su presentación formal.
El expediente judicial indaga la participación del vicealmirante Manuel Roberto F. L. y del contralmirante Fernando F. L. en una presunta red de protección y facilitación para el ingreso ilegal de combustible al país evadiendo el pago de impuestos.
Sobre este punto, la defensa jurídica sostuvo ante la autoridad administrativa de justicia que dos oficiales de rango medio no disponían del tramo de control ni de las atribuciones normativas suficientes para articular, de manera unívoca y sin supervisión superior, una infraestructura de evasión fiscal a gran escala en las aduanas del país.
