Las investigaciones para erradicar el despojo irregular de inmuebles en el estado de Veracruz han dejado un saldo de nueve personas procesadas: tres notarios públicos y seis abogados vinculados al denominado “cártel inmobiliario”, tras un operativo de inspección integral a las notarías de la entidad iniciado a principios de año.
De acuerdo con las autoridades judiciales y la Fiscalía General del Estado (FGEV), los implicados habrían utilizado documentación apócrifa, suplantación de identidad y simulación de actos jurídicos para apropiarse ilícitamente de viviendas y terrenos, principalmente en los municipios de Xalapa, Córdoba y Fortín.
Entre los casos destacados figura José “N”, titular de la Notaría 21 de Fortín, detenido e imputado por fraude genérico, fraccionamiento indebido y delitos contra la fe pública, tras defraudar a familias en Atzacan con la venta ilegal de lotes.
A la lista se suman Ernesto “N” (Notaría 8) y Carlos Javier “N” (Notaría 24), ambos de Córdoba, quienes fueron suspendidos de sus funciones y vinculados a proceso bajo la carpeta 344/2024 por fraude específico y fraude procesal en agravio del patrimonio de particulares y la administración de justicia.
El cerco judicial también alcanzó a seis profesionales y falsos profesionales del derecho:
Zain Aleef “N” y José Alfredo “N”: Vinculados por suplantar la identidad de una adulta mayor de 68 años y su hijo para arrebatarle una propiedad en la zona de Las Ánimas, en Xalapa.
Salvador Matías “N”: Internado en el penal de Pacho Viejo tras despojar a dos mujeres de su vivienda en la colonia Isleta mediante documentos falsos.
Miguel Isaac “N” y Pedro Damián “N”: Detenidos e imputados con prisión preventiva por utilizar la documentación que sus propios clientes les confiaron para simular desalojos en la calle Bosque de Niebla. La FGEV ejecutó tres cateos a despachos donde aseguró vehículos, expedientes e instrumentos notariales.
Jesé Miguel “N”: El caso más reciente, procesado bajo la carpeta FIM/F2/59/2026 por fraude procesal y a quien se le dictó prisión preventiva por un año.
Las inspecciones a las fe públicas del estado continuarán durante los próximos meses como parte del esfuerzo gubernamental por desmantelar las redes de corrupción inmobiliaria en la región.
