José Esteban “N”, dirigente de la CNPR, es señalado de privar de la libertad a padre e hijo en 2021 para despojarlos de sus parcelas.
De comprobarse las agravantes, podría alcanzar una pena de hasta 100 años de prisión.
Elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) detuvieron la mañana de este miércoles 11 de noviembre a José Esteban “N”, de 49 años, presidente de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR) en Paso del Macho, acusado de los delitos de secuestro agravado y extorsión en agravio de dos productores de caña de su propia organización.
La captura se realizó en cumplimiento a una orden de aprehensión en la colonia Moreno, del municipio de Paso del Macho.
De acuerdo con los datos integrados en la carpeta de investigación UECS/F1/045/2025, los hechos ocurrieron el 17 de enero de 2021 en el municipio de Soledad de Doblado. Ese día, un comando armado irrumpió con violencia en el domicilio de las víctimas —padre e hijo— haciéndose pasar por agentes “judiciales” para trasladarlos a una casa de seguridad.
Durante el cautiverio, los captores les indicaron que la privación de la libertad obedecía a su negativa de firmar contratos de arrendamiento sobre sus tierras de cultivo. En medio de la retención, los plagiarios comunicaron vía telefónica a las víctimas con José Esteban “N”, su representante gremial, quien les advirtió que solo recuperarían su libertad si accedían a firmar el acuerdo.
Ante la negativa inicial de uno de los productores, los delincuentes lo lesionaron físicamente y amenazaron con asesinar a su hijo, obligándolo a ceder bajo coacción.
Tras ser liberados, padre e hijo acudieron al día siguiente a las oficinas de la CNPR para firmar el contrato de arrendamiento a favor del dirigente. Sin embargo, durante cuatro años el hoy detenido explotó las tierras sin cubrir el pago acordado.
El conflicto escaló en octubre de 2025, cuando José Esteban “N” presuntamente exigió a las víctimas la cesión definitiva de sus derechos parcelarios, situación que llevó a los afectados a interponer la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
El líder cañero será puesto a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.
Conforme a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, el delito de secuestro agravado contempla penas de hasta 100 años de prisión, al acreditarse circunstancias como la participación de dos o más personas, el empleo de violencia y el aprovechamiento de una relación de confianza con las víctimas.
