El reciente incremento del 30% a la tarifa del transporte urbano en Veracruz, que eleva el costo de 9 a 12 pesos, ha desatado una ola de críticas y preocupación entre la población y diversos sectores de la sociedad, quienes lo consideran un «golpe directo a la economía de miles de familias». La medida se ha justificado por la inflación, pero muchos argumentan que esta no se equipara con el crecimiento del salario mínimo, que apenas alcanzó el 13%.
Organizaciones sociales y ciudadanos afectados señalan que el aumento de “solo tres pesos” representa un “castigo cotidiano” para la mayoría de los veracruzanos, especialmente para el 70% de la población que, según los datos expuestos, trabaja en la informalidad, careciendo de ingresos fijos y prestaciones. Este sector es el más vulnerable ante cualquier alza en los servicios básicos.
Lo más grave es que no existe una política integral de transporte público en Veracruz:
No hubo consulta social
No hay subsidios
No hay un modelo claro de modernización
No se garantiza seguridad ni calidad del servicio
En contraste, se ha puesto como ejemplo el modelo de transporte público implementado en la Ciudad de México, que inició durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y ha sido continuado por la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Este modelo se destaca por:
Un diálogo social constante.
Procesos de consulta pública.
Búsqueda de consensos con la ciudadanía.
La aplicación de subsidios.
Programas de renovación de unidades.
La propuesta desde estos sectores críticos no es “copiar mecánicamente”, sino “aprender de lo que ha funcionado” y centrar las decisiones en el “interés colectivo”, evitando así “decisiones unilaterales que terminan afectando a quienes menos tienen”.
La postura generalizada es que “el transporte público es un derecho, no una mercancía ni un negocio sin control”. Por ello, se hace un llamado a las autoridades para que se reconsidere la tarifa actual, se establezca un “diálogo real” con transportistas y la sociedad, y se diseñe una política pública que priorice el bienestar ciudadano. Se enfatiza que la solución no debe ser únicamente jurídica, sino fundamentalmente social.
