El juicio oral en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por la presunta comisión del delito de peculado relacionado con el desvío de fondos federales, fue aplazado por lo menos hasta mediados de 2027. Con ello, el exmandatario permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Reclusorio Norte durante las fiestas de fin de año.
El aplazamiento se determinó en una audiencia celebrada el pasado 24 de septiembre, en la cual el juez federal otorgó una prórroga para el cierre de la investigación complementaria, fijando como nuevo límite la víspera de Navidad, con la posibilidad de conceder hasta tres meses adicionales a solicitud de las partes. Este diferimiento posterga el arranque del juicio formal hasta 2027.
Duarte de Ochoa fue vinculado a proceso el pasado 17 de febrero dentro de la causa penal 667/2025, instruida por el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor. En dicha resolución se le imputó haber ordenado y normado la desviación de recursos públicos federales hacia fines distintos a los asignados, presuntamente en beneficio personal, según declaraciones vertidas en el expediente por excolaboradores de su administración.
La imposición de la prisión preventiva justificada en esta causa impidió que el exgobernador obtuviera su libertad tras cumplir en 2025 la condena de nueve años dictada en 2017 por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
Paralelamente, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de la FGR mantiene abiertas más de 20 carpetas de investigación promovidas a partir de denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual estima el daño patrimonial a la Hacienda Federal en más de 60 mil millones de pesos.
La defensa del exmandatario, encabezada por el abogado Pablo Campuzano, sostiene actualmente tres juicios de amparo activos:
La defensa argumenta que los fondos señalados nunca ingresaron a cuentas personales, sino que permanecieron dentro de la tesorería estatal para solventar compromisos prioritarios de gobierno, lo que —a su juicio— desestimaría el dolo y el beneficio personal exigido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para configurar el delito.
Sostienen una posible vulneración al principio de especialidad establecido en el acuerdo bilateral con Guatemala, país desde el cual fue entregado a las autoridades mexicanas en 2017.
Se mantiene en litigio un juicio de garantías relacionado con una imputación por el delito de desaparición forzada.
