Rumbo al inicio del proceso electoral 2027, las autoridades electorales y los partidos políticos han encendido las alarmas ante la injerencia del crimen organizado en los comicios del país, reconociendo abiertamente que la delincuencia financia campañas, corrompe, presiona y atenta contra autoridades electas y aspirantes independientemente de su filiación partidista.
El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Arturo Chávez, quien encabeza la nueva Comisión de Verificación de Candidaturas, advirtió que la delincuencia no atiende a ideologías políticas y busca infiltrarse en cualquier espacio disponible. La advertencia cobra relevancia ante el antecedente de los comicios de 2024, donde organizaciones como Data Cívica registraron 138 agresiones contra candidatos, incluyendo 40 asesinatos, 10 secuestros, atentados y amenazas, afectando principalmente el ámbito local y municipal.
Ante la magnitud de la contienda de 2027 —donde se renovarán 17 gubernaturas, 1,098 diputaciones locales y más de 2,200 presidencias municipales— el Consejo General del INE aprobó los lineamientos para evaluar la integridad de más de 30,000 probables postulaciones.
La comisión facilitará la comunicación entre los partidos y las instancias de seguridad e inteligencia, tales como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Las solicitudes de revisión dependerán del consentimiento de los aspirantes y de la decisión de los partidos políticos. Los datos y resultados se manejarán bajo estricta reserva.
El INE no tendrá la facultad de retirar candidaturas ni calificar el riesgo directamente. La decisión final de mantener o retirar una postulación recaerá de forma exclusiva en los partidos políticos y candidatos independientes.
El anuncio se da en un contexto marcado por acusaciones mutuas entre fuerzas políticas sobre nexos con el narcotráfico y por investigaciones internacionales a funcionarios públicos. Mientras las representaciones de partidos minoritarios expresaron su preocupación por el riesgo de encarar una nueva contienda bajo amenazas o violencia, la autoridad electoral insistió en que la integridad del proceso requiere la suma de esfuerzos entre partidos, empresarios y medios de comunicación.
