A dos años del inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las finanzas públicas del país enfrentan un escenario complejo tras registrarse un incremento interanual del 7.1 % en la deuda pública de México, la cual se ubicó en 19.15 billones de pesos al corte de agosto de 2026.
De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) —la métrica más amplia para medir los compromisos financieros del Estado— sumó 1.27 billones de pesos adicionales en los últimos 12 meses, partiendo de los 17.88 billones reportados en agosto de 2025.
El motor de esta expansión se concentró en el endeudamiento interno, el cual creció un 12.2 % en el último año al pasar de 13.45 a 15.09 billones de pesos, lo que representa 1.64 billones de pesos más en compromisos pagaderos dentro del país.
La divulgación de estos indicadores coincide con crecientes advertencias emitidas por agencias calificadoras, centros de análisis e instituciones financieras, los cuales señalan la urgencia de discutir una reforma fiscal integral para asegurar la sostenibilidad del gasto y proteger el grado de inversión de la deuda soberana.
Proyecciones contenidas en el proyecto del Paquete Económico señalan que el saldo de la deuda alcanzará el 55 % del Producto Interno Bruto (PIB) hacia finales de 2027. De mantenerse este ritmo de expansión, el endeudamiento neto durante los primeros tres años del presente sexenio se incrementaría en 4.2 billones de pesos, una cifra casi dos veces superior al endeudamiento acumulado en el mismo tramo de la administración anterior.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió que la absorbencia de recursos por parte del sector público corre el riesgo de generar un efecto de desplazamiento sobre el sector privado, reduciendo la disponibilidad de crédito comercial y elevando los costos de financiamiento para las empresas.
Por su parte, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) subrayó que el deterioro fiscal coincide con una aceleración en la transición demográfica. Datos de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI muestran que la edad mediana en México subió de 29 a 32 años entre 2020 y 2025, al tiempo que la tasa de fecundidad descendió de 2.1 a 1.9 hijos por mujer. Según el CIEP, esta combinación implica que una base trabajadora proporcionalmente menor deberá asumir el costo del servicio de la deuda, mientras se incrementa la demanda de recursos públicos para pensiones y atención a la población adulta mayor.
