La alcaldesa de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, emplazó este lunes al diputado panista Fernando Yunes Márquez a explicar el presunto daño patrimonial derivado del contrato de concesión del alumbrado público otorgado a la iniciativa privada durante su administración municipal.
“Es el daño patrimonial que él dejó con ese contrato, porque en el 2017 lo contrataron por 600 millones y en el 2018 hacen un adeudo por 2 mil 800 millones de pesos, mejor que explique eso”, declaró la edil al ser cuestionada sobre la requisa del servicio aprobada por el Cabildo a inicios de abril.
Hernández Espejo informó que, hasta este 27 de abril, el Ayuntamiento no ha recibido notificación de algún amparo promovido por Wardenclyffe Veracruz Puerto S.A.P.I. de C.V., empresa a la que se le concesionó el servicio.
“Se le está dando a la empresa su derecho de audiencia, se están haciendo cuentas con la empresa, por eso está en la requisa y con ese dinero vamos a reorganizar el alumbrado público para dar el servicio nosotros”, precisó la alcaldesa.
Con la requisa aprobada el pasado 1 de abril, el Cabildo suspendió el pago mensual de 16 millones de pesos que se descontaban directamente de participaciones federales. La medida permanecerá vigente hasta que desaparezcan las causas que la motivaron y se acredite el cumplimiento del contrato.
El director de Alumbrado Público, José Patricio Franceschi Marín, detalló en entrevistas previas que la concesión fue firmada en 2017, durante la administración del priista Ramón Poo Gil, pero comenzó a operar en el gobierno del panista Fernando Yunes Márquez.
Por su parte, el 4 de abril pasado, el ahora diputado Yunes Márquez advirtió que requisar el servicio en este momento podría representar un riesgo económico y jurídico para futuras administraciones municipales.
La administración actual sostiene que el contrato original por 600 millones de pesos derivó en un adeudo de 2 mil 800 millones en 2018, cifra que, según la alcaldesa, debe ser explicada por el exmunícipe.
