El exalcalde de Alvarado, Bogar Ruiz Rosas, enfrenta un complejo panorama legal tras la acumulación de al menos 18 denuncias penales e investigación por un presunto daño patrimonial que supera los 615 millones de pesos. Las irregularidades se derivan de las auditorías practicadas a su administración (2018-2021) tanto por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) como por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Ruiz Rosas, quien ha ocupado la alcaldía alvaradeña en dos ocasiones abanderado por distintas fuerzas políticas (PAN, PVEM-PT y recientemente candidato por Movimiento Ciudadano en 2025), mantiene bajo escrutinio la revisión financiera de las Cuentas Públicas de su segundo periodo de gobierno.
De acuerdo con la auditoría de cumplimiento 2021-D-30011-19-0001-DN-2025 realizada por la ASF, el municipio no gestionó con eficiencia los recursos federales, detectando un probable daño patrimonial por 392 millones 253 mil 247 pesos de un universo fiscalizado de 507.9 millones de pesos procedentes de fondos como FORTAMUN, FAISMUN, Participaciones Federales, Hidrocarburos y CAPUFE.
Entre las principales anomalías detectadas por el órgano federal destacan:
FORTAMUN: Irregularidades por 141.7 millones de pesos, incluyendo 67.8 millones en traspasos no acreditados y 73.8 millones en pagos a proveedores sin comprobación.
Participaciones Federales: Observaciones por 120 millones de pesos por transferencias entre cuentas y erogaciones indocumentadas.
FAISMUN y otros fondos: Traspasos indebidos, retención de saldos no devueltos a la Tesorería de la Federación y facturación omitida.
Pese a que el Ayuntamiento presentó documentación en un intento por solventar las observaciones mediante el oficio ALV/CM/063/2025, la ASF determinó que las pruebas fueron insuficientes, clasificando los resultados como “no atendidos”. Ello derivó en la apertura del expediente de investigación administrativa IPR-004/2025.
Por su parte, el ORFIS fijó un presunto daño patrimonial en las Cuentas Públicas de 2019, 2020 y 2021 por un total de 223 millones 201 mil 396 pesos, formalizando al corte de agosto de 2026 un total de 13 denuncias penales por un monto de 14.9 millones de pesos vinculados exclusivamente a anomalías en obra pública.
Dentro de los hallazgos técnicos y financieros más relevantes del órgano fiscalizador estatal se reportan:
Obras no ejecutadas e inconclusas: Pagos de anticipos por proyectos que nunca iniciaron, como el Camino de Villa Cuacos a la Playa (1.5 millones de pesos) o la Construcción de Pasos, además de canchas deportivas en Vista Hermosa y Paso Nacional dejadas a medias.
Nóminas sin soporte fiscal: Erogaciones por más de 33 millones de pesos en 2021 que contaban con firmas pero carecían de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).
Retenciones del ISR no enteradas: Omisión en el pago al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de más de 3.1 millones de pesos retenidos a trabajadores y arrendatarios.
Falta de validación oficial: Obras de agua potable y alumbrado público ejecutadas sin los permisos ni actas de entrega-recepción de la CAEV y la CFE.
Las Carpetas de Investigación abiertas continúan su curso en las instancias correspondientes para determinar la responsabilidad penal y administrativa de los exservidores públicos involucrados.
