A 15 años de la masacre que conmocionó al país con el abandono de 35 cuerpos sobre una de las avenidas más transitadas del municipio de Boca del Río, expedientes judiciales y testimonios inéditos publicados por la revista Proceso reconstruyeron la dimensión de la operación criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona metropolitana de Veracruz y el tortuoso camino legal que, a la fecha, mantiene casos sin sentencia definitiva.
La investigación detalla que la tarde del 20 de septiembre de 2011 bastaron solo siete minutos para concretar la exhibición pública de las víctimas. Cinco vehículos bloquearon la circulación del bulevar mientras dos camionetas se detenían frente a la multitud; entre 10 y 15 hombres encapuchados descendieron para arrojar los cadáveres sobre el asfalto antes de darse a la fuga hacia casas de seguridad.
Los expedientes penales revelan que la aparición de los 35 cuerpos formó parte de una embestida mayor desplegada por un comando que arribó a la zona conurbada unos 20 días antes, bajo las órdenes de César Cazarín Molina, alias “El Comandante Tornado”. La consigna era disputar el control territorial y desplazar al grupo rival de Los Zetas.
En apenas dos semanas, la célula criminal secuestró y ejecutó a 67 personas en al menos 12 viviendas rentadas —denominadas “oficinas”— en diversos fraccionamientos de Veracruz y Boca del Río. De los 35 cuerpos abandonados el 20 de septiembre (entre ellos 11 mujeres), las necropsias confirmaron que llevaban entre seis y ocho horas de haber sido asesinados al momento de su hallazgo, a las 17:35 horas.
Uno de los elementos centrales recuperados por el reportaje es el testimonio de un hombre que sobrevivió a una matanza posterior en otra casa de seguridad, localizada por la Secretaría de Marina el 5 de octubre de 2011.
La víctima, interceptada días antes por presuntos elementos de la Policía Estatal y entregada al grupo delictivo, sobrevivió a un ataque con arma blanca en el cuello simulando estar muerto entre los cadáveres. Una hora después, al escuchar el ingreso de personal de la Marina, movió las extremidades para alertar de su presencia. Al no poder hablar por la gravedad de la herida —de 24 centímetros—, escribió su nombre y datos de contacto en un papel, convirtiéndose en el testigo clave para ubicar la red de inmuebles y la complicidad policiaca local.
A pesar de que el suceso detonó en su momento el despliegue del operativo federal Veracruz Seguro, los expedientes penales distan de estar cerrados.
Si bien en 2022 se dictaron sentencias contra seis implicados, las defensas apelaron denunciando actos de tortura y detenciones prolongadas por más de 36 horas a manos de personal naval previo a ser puestos a disposición del Ministerio Público. Esto derivó en la exclusión de pruebas, juicios de amparo y la orden dada por un tribunal en abril pasado para reponer uno de los procesos penales desde la etapa inicial.
Entre las condenas que se mantienen firmes destacan la de Víctor Hugo “N”, sentenciado en 2025 a 70 años de prisión por transmitir órdenes de ejecución, y la del propio César Cazarín Molina, “El Comandante Tornado”, condenado en junio de 2024 a 60 años de cárcel por secuestro y delitos de fuero federal.
