El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED), Juan Pablo Albán Alencastro, corrigió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien en su conferencia matutina lo desconoció como parte de la ONU e invalidó el contenido de su reciente resolución sobre México.
“El desacuerdo es legítimo pero la descalificación es cuestionable”, señaló Albán Alencastro en su cuenta de X, donde llamó a “preservar el respeto institucional hacia los órganos de supervisión de derechos humanos y sus integrantes”.
El también académico de la Universidad San Francisco de Quito aclaró, “con espíritu constructivo y muchísimo respeto a la posición soberana de México”, la información aportada por Sheinbaum en su intento por minimizar la decisión del CED de remitir a la Asamblea General de la ONU su reporte sobre la crisis de desapariciones en México.
“Los órganos de tratado sí formamos parte del Sistema de las Naciones Unidas. Somos mecanismos creados por tratados internacionales adoptados en el seno de la ONU por los Estados miembros, y nuestra función es supervisar su cumplimiento”, explicó Albán.
No fue al Alto Comisionado, sino a la Asamblea General
El experto puntualizó que la decisión publicada el jueves 2 de abril “no es una remisión o informe dirigido al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), sino al máximo órgano deliberante de la ONU”, corrigiendo así la versión de la presidenta.
Al referirse a la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra la Desaparición Forzada, Albán advirtió que cuando el Comité recibe “indicios bien fundados de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático”, tiene facultades para elevar el caso “urgentemente a la consideración de la Asamblea General por conducto del secretario general”.
Análisis actualizado, no de sexenios pasados
Albán rechazó que su determinación se basara en hechos de 2009 a 2017, como sostuvo Sheinbaum. “El análisis del CED no se limita a un periodo cerrado. La decisión adoptada examina la evolución de la situación hasta la actualidad, a la luz de las interacciones que hemos tenido con el Estado desde 2012 y que hoy continuamos teniendo”, dijo.
Citó como ejemplo que el informe refiere las cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO): más de 132 mil 400 personas desaparecidas al 19 de febrero de 2026, “y su constante aumento son en sí mismos indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa”. A esa cifra se suman “72 mil restos humanos sin identificar, en comparación con 52 mil en el momento de la visita del Comité en 2021”.
“El asunto no debería politizarse”
El presidente del CED reconoció la legitimidad del desacuerdo de México en elevar la crisis de desaparecidos al máximo órgano de la ONU, pero consideró que “la descalificación es cuestionable”.
“Las diferencias jurídicas -e incluso políticas, aunque el asunto no debería politizarse- son comprensibles en el marco del diálogo internacional y la cooperación que debe existir por mandato de la Convención, entre el CED y los Estados parte”, abundó.
Recordó que, según las Directrices de Addis Abeba, “los miembros no podrán estar sometidos a ningún tipo de dirección o influencia ni presiones del Estado del que sean nacional ni de ningún otro estado o de sus organismos”.
“Los objetivos comunes deben seguir siendo: fortalecer la prevención de las desapariciones, buscar a las personas desaparecidas, investigar los casos de desaparición y erradicar el fenómeno, todo ello en beneficio de las víctimas y sus familias”, concluyó Albán Alencastro.
