– Tribunal resolvió que la extitular de Comunicación Social tendrá que enfrentar proceso por desvíos millonarios – Fiscalía la acusó desde 2017 de hacer convenios verbales, sin contratos, con medios de comunicación
En 2017, la Fiscalía General del Estado (FGE) la acusó de realizar convenios verbales con medios de comunicación entre diciembre de 2010 y febrero de 2014, sin que existieran contratos o dictámenes de suficiencia presupuestal. “Realizó convenios de forma verbal y fáctica con diversos medios de comunicación, sin que existiera un decreto de presupuestos de egresos autorizados”, se señala en la acusación.
De acuerdo con la carpeta de investigación, “no reportó nada en la integración de la Cuenta Pública y era su deber hacerlo al momento de realizar el trámite de pagos, siendo ella la única que sabía de dichos trámites y ejecución del gasto”. La FGE sostuvo que los pagos realizados a diversas empresas no contaban con justificación ni contratos formales.
En su defensa, Gina “N”promovió el sobreseimiento del proceso penal, alegando que los desvíos ya fueron juzgados en el procedimiento abreviado contra Javier Duarte. “Presentamos como pruebas la sentencia de procedimiento abreviado emitida en el proceso penal del Reclusorio Norte de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, instruida en contra de Javier Duarte de Ochoa”, argumentó su defensa.
El equipo jurídico de Gina “N”
sostuvo que los pagos a los medios fueron autorizados directamente por Duarte. “Durante su encargo como tesorero, Tarek Abdala declaró que todos los pagos y recursos eran aprobados forzosamente y directamente por el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien le indicaba generalmente en las noches qué transferencias realizar fuera de las cuentas concentradoras”, expuso la defensa.
Asimismo, la defensa afirmó que “con la sentencia de procedimiento abreviado de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en contra de Javier Duarte de Ochoa, se acreditó que él daba las instrucciones para realizar los pagos correspondientes”. En esa resolución, Duarte fue condenado a nueve años de prisión y al pago de 990 días de multa por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Sin embargo, el juez federal resolvió que “no procede el sobreseimiento del proceso penal que se sigue en contra de Gina ‘N’”, al considerar que las pruebas presentadas no acreditan que el hecho no se cometió ni establecen la inocencia de la imputada. “La declaración del extesorero Tarek Abdala debe ser valorada en la etapa de juicio oral, ya que es en ese momento procesal en donde se deberán desahogar y valorar los diversos medios de convicción para conocer la verdad jurídica”, determinó.
El fallo judicial enfatizó que “la declaración del extesorero no puede ser considerada como dato de prueba idóneo para decretar el sobreseimiento del proceso penal”, pues su contenido “solo prueba que lo declaró ante el Ministerio Público, más no que sea veraz”.
Además, el Tribunal subrayó que “los pagos a diversas empresas se realizaron por órdenes de Gina ‘N’, sin que se acreditara la prestación de servicios de publicidad ni existiera dictamen de suficiencia presupuestal”.
Por lo anterior, el Juez resolvió que “no se sobresee el proceso penal y se ordena que Gina ‘N’ vaya a juicio”. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito confirmó la resolución al resolver el amparo en revisión 120/2025, derivado del juicio de amparo indirecto 95/2024.
El Tribunal también señaló que Gina “N”
“goza de total libertad”, ya que la FGE no solicitó la prórroga de las medidas cautelares impuestas en su contra. “Al vencimiento de su medida cautelar de firma periódica en el año 2024, la Fiscalía omitió solicitar que la misma se prorrogara, y ante esa falta de interés, el juez de control levantó la medida”, se precisó.
