– En al menos 4 reclusorios, internos pagan por protección, ocupar una estancia, visita íntima, alimentos y no hacer limpieza – Aliados a grupos delictivos tienen privilegios y generan dinámicas de autogobierno, con abusos, violencia y corrupción – Asumen funciones de autoridad y aplican extorsión y tráfico de sustancias prohibidas – Se filtra informe oficial de las anomalías; hay líderes que representan un “alto nivel de riesgo institucional” por sus conocimientos tácticos
alcalorpolitico.com
En Veracruz, autoridades penitenciarias sostienen ante jueces que no existen riesgos en los centros de reclusión con el objetivo de negar cambios de medidas cautelares, pese a que un informe interno del director de Prevención y Reinserción Social, Sergio Alfredo López Dekin, reconoce que en varios penales operan grupos de internos que ejercen control, imponen cobros, mantienen áreas de privilegio y generan dinámicas de autogobierno vinculadas con abusos, violencia y corrupción.
De acuerdo con un documento signado por López Dekin, del que se tienen copia en la Redacción de alcalorpolitico.com, en al menos 4 centros penitenciarios veracruzanos operan estructuras internas que realizan funciones propias de la autoridad.
En palabras del funcionario: “Por otra parte, en los CERESOS ‘…’, ‘Zona Norte’ en Poza Rica de Hidalgo, ‘Zamora’ en San Andrés Tuxtla y Tuxpan, subsisten grupos de internos que ejercen control sobre otros reclusos y diversas actividades propias de las autoridades en estos establecimientos, además de realizar cobros por diversos conceptos como recibir protección, ocupar una estancia, acceso a la visita íntima, alimentos y no realizar tareas de limpieza. Adicionalmente, en el CERESO ‘Morelos’ en Cosamaloapan, se observó la presencia de áreas de privilegios”.
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El diagnóstico señala que estas estructuras inciden en la operación institucional y en la seguridad de los penales. “El autogobierno favorece toda clase de abusos de los grupos de poder que ejercen el control de los establecimientos, lo que genera un ambiente de violencia al interior de los centros, la extorsión, el tráfico de sustancias prohibidas y el cobro por privilegios y tratos especiales para algunos internos”.
El funcionario también advierte sobre posibles vínculos entre estas prácticas y actos de corrupción en los que participan tanto reclusos como servidores públicos “para obtener beneficios económicos a costa de las necesidades de los demás reclusos”.
Hay que recordar que en estos mismos centros han ocurrido motines, agresiones internas y explosiones provocadas con drones, lo que ha sido documentado en reportes periodísticos. En el CERESO de Tuxpan ocurrió el episodio más grave: un motín registrado el pasado 2 de agosto que dejó inicialmente 7 personas privadas de la libertad muertas y 11 heridas, cifra que posteriormente fue ajustada a 9 muertos y 10 lesionados.
De acuerdo con los reportes, los internos se levantaron en protesta por extorsiones y agresiones dentro del penal, atribuidas al grupo identificado como “Sombra”. Durante casi 12 horas los reos mantuvieron el control de diversas áreas y se reportó la quema de instalaciones. La riña estuvo antecedida por el asesinato del Director del penal, ocurrido el 17 de junio, y por el secuestro del Subdirector en agosto.
Contradicciones
Las observaciones en las que Sergio Alfredo López Dekin reconoce el control de las prisiones por parte del crimen organizado contrastan con criterios sostenidos en diversos procesos judiciales, donde las mismas autoridades han afirmado que no existen riesgos en los centros penitenciarios para evitar que personas privadas de la libertad consigan el cambio de medidas cautelares para llevar sus procesos en libertad.
Representantes legales consultados señalaron que existen procesos que permiten solicitar variaciones de medidas cautelares. Indicaron que, pese a ello, en diversas resoluciones se sostiene que los penales operan sin problemas estructurales, aun cuando el propio informe interno del Director General de Prevención y Reinserción Social de Veracruz reconoce hacinamiento, presencia de grupos internos con control operativo y otros factores que podrían sustentar la modificación de la prisión preventiva.
En otros casos, documentos similares sí han sido utilizados para justificar traslados de personas privadas de la libertad entre centros penitenciarios del Estado, lo que –según abogados consultados– refleja un uso desigual de los diagnósticos de los penales de la entidad.
Afirman que, contradictoriamente, las autoridades descartan riesgos cuando se trata de solicitudes de modificación de medidas cautelares, pero recurren a esos mismos informes cuando requieren sustentar movimientos internos.
Añaden que informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentan la crisis que prevalece en los penales de Veracruz; sin embargo, al justificar traslados o negar cambios de medidas cautelares, las autoridades mantienen criterios que generan contradicciones.
Criminales controlan penales: SSP
Cabe señalar que el diagnóstico de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social señala que, en distintos centros, las estructuras de control encabezadas por reclusos con antecedentes policiales o vinculación con organizaciones delictivas.
De acuerdo con estos análisis, dichas personas no actúan de manera aislada, sino que articulan estrategias, organizan a otros internos y utilizan conexiones externas para respaldar diversas acciones delictivas.
Los expedientes consultados detallan que algunos internos exhiben comportamientos que, según las evaluaciones criminológicas, representan un “alto nivel de riesgo institucional”, pues combinan conocimientos tácticos, liderazgo operativo y vínculos con grupos delictivos para ejercer influencia sobre la población penitenciaria.
Estas conductas –según la información oficial– se manifiestan en amenazas directas a custodios, incitación a disturbios, coordinación de grupos para alterar el orden y el uso de redes externas para presionar decisiones al interior de los centros. Los informes relatan episodios en los que estas personas convocan a otros reclusos, articulan inconformidades para generar tensiones y plantean acciones colectivas que podrían desencadenar riñas, motines, intentos de fuga o confrontaciones con la autoridad, lo que evidencia su capacidad para organizar facciones internas.
El análisis criminológico indica que la asociación con personas de mayor experiencia delictiva o con nexos externos refuerza comportamientos antisociales, disminuye la capacidad de contención institucional y propicia la conformación de grupos que buscan extender su control dentro de áreas del penal.
El expediente destaca que estas dinámicas generan condiciones para la expansión de actividades ilícitas, como el ingreso y la comercialización de sustancias prohibidas, la coacción a otros internos y la reproducción de patrones que elevan los riesgos de violencia. Sin embargo, dichos argumentos no son considerados para internos que piden seguir sus procesos en libertad.
