El Golfo de México continúa bajo la amenaza de un persistente derrame de hidrocarburos, que ha provocado el recale intermitente de material oleoso en las costas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas. Ante esta contingencia, autoridades federales han intensificado los operativos de contención e investigación, con especial atención a buques y plataformas, en un esfuerzo por determinar el origen y mitigar los impactos ambientales y sociales.
Desde el 2 de marzo, el Grupo Interinstitucional (GI) ha reforzado las acciones de atención, contención y saneamiento. Se han instalado barreras en las chapopoteras de Cantarell y se inspeccionan ductos asociados a los complejos Akal C y Akal H para verificar su integridad mecánica. Paralelamente, Pemex identificó la reactivación de emanaciones naturales de hidrocarburos frente a Coatzacoalcos, activando de inmediato labores de supervisión y limpieza en la zona.
Las autoridades explican que factores climáticos como frentes fríos, oleaje y vientos han propiciado el desplazamiento del crudo hacia aguas someras y zonas costeras, un fenómeno más recurrente durante la temporada invernal.
El despliegue operativo es masivo, involucrando a más de 3,000 elementos de la Secretaría de Marina, Pemex, dependencias ambientales y autoridades locales. En campo, operan 47 embarcaciones, 48 vehículos, siete aeronaves, drones aéreos y submarinos, así como barreras de contención en el litoral. Hasta el 30 de marzo, se han intervenido 39 playas, un manglar y un estero, con una recolección acumulada de 785 toneladas en playas y 40.6 toneladas en el mar, abarcando 630.9 kilómetros de litoral. También se han registrado afectaciones a la fauna.
Consciente de las afectaciones económicas en pesca y turismo, Pemex ha destinado 35 millones de pesos en apoyos a comunidades costeras, incluyendo servicios de salud, suministro de combustible, empleo temporal para limpieza y una unidad médica móvil. El GI ha reconocido la legítima preocupación de las comunidades costeras por los impactos en su sustento y bienestar.
La investigación para determinar el origen del hidrocarburo continúa. De 13 buques identificados en el fondeadero de Coatzacoalcos, siete han sido inspeccionados y los restantes boletinados internacionalmente. Se mantienen recorridos aéreos y marítimos en la Sonda de Campeche y zonas de impacto para monitorear corrientes y vientos.
En el ámbito legal, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) presentó el 27 de marzo una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos ambientales. Las sanciones contemplan prisión, multas económicas y la reparación del daño ecológico.
Finalmente, las autoridades exhortan a la población a evitar el contacto con el material oleoso, reportar cualquier hallazgo y respetar las zonas acordonadas, mientras el Gobierno de México reitera su compromiso de reducir los impactos de esta contingencia que, según análisis técnicos, inició en Tabasco y se extendió a Veracruz y Tamaulipas.
