sábado, noviembre 1, 2025
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Tribunal federal desecha cinco amparos contra la Universidad Veracruzana

Boca del Río, Ver. (AVC).– El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Poder Judicial de la Federación, con sede en Boca del Río, Veracruz, resolvió cinco recursos de queja interpuestos en los juicios de amparo promovidos contra decisiones de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV), confirmando la autonomía universitaria y la legalidad de sus decisiones internas.

Los recursos de queja 443/2025, 361/2025 y 386/2025, promovidos por Marisol Luna Leal, exabogada general de la UV; José Luis Cuevas Gayosso, exdirector de la Facultad de Derecho; y Rafael Vela, fueron declarados fundados a favor de la UV, al determinarse que la Junta de Gobierno y la Universidad Veracruzana no son autoridades para efectos del juicio de amparo.

El Tribunal concluyó que los quejosos acudieron erróneamente a instancias federales, ya que la UV goza de autonomía plena prevista en el artículo 3º de la Constitución, la cual le otorga facultad de autogobierno. Por tanto, las decisiones de sus órganos internos no constituyen violaciones a derechos humanos, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En los casos 285/2025 y 329/2025, promovidos por el doctor Jorge Manzo Denés, el Tribunal declaró los recursos infundados.

El primero fue desechado porque se presentó antes de que existiera una resolución formal de la Junta de Gobierno, es decir, sobre hechos aún no ocurridos.

El segundo fue considerado correcto por el Juez de Distrito, quien determinó que la Universidad Veracruzana no puede ser considerada autoridad responsable dentro del juicio de amparo.

Resoluciones firmes y sin recurso

El Tribunal informó que las cinco resoluciones son definitivas, por lo que no podrán ser modificadas ni recurridasante otra instancia federal.

Con ello, se ratifica la autonomía de la Universidad Veracruzana y la validez de las decisiones de su Junta de Gobierno, reafirmando que sus actos se realizan dentro del marco legal de autogobierno que reconoce la Constitución.

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